Servicio Postal Universal: Financiación e incertidumbres

Desde la aprobación y publicación en el BOE (31 de diciembre de 2010) de la actual Ley Postal, uno de los caballos de batalla que, año tras año se ha repetido, es la financiación, por parte del gobierno de turno, de la prestación del Servicio Postal Universal. En su momento, desde Esk ya advertimos, aunque otros sindicatos no lo quisieron ver, que este asunto era uno de los que quedaba menos claro en la Ley Postal y el tiempo y la desgana de los sucesivos gobiernos nos han venido a dar la razón. El último capítulo de este culebrón, hasta la fecha, se escribió en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año pasado: de los 180 millones de euros consignados en un principio, don Mariano fue rascando para cumplir con otros compromisos y dejó la asignación final en unos rácanos 60 millones de euros. A día de hoy nada se sabe de los 120 millones restantes a pesar de las promesas que en su momento recibieron los sindicatos firmantes sobre la posterior restitución del dinero que faltaba en la asignación. No hace falta decir que semejante bofetón económico va a suponer, a la hora de cerrar las cuentas del 2017, un balance deficitario al cuadrar los números del año. Es triste observar como esta deriva económica se intensifica año a año poniendo en peligro la viabilidad del correo público y el futuro de los puestos de trabajo. Y esto ocurre cuando desde el gobierno no paran de repetir que la crisis económica ya es historia. Eso sí: para el gobierno Correos no es un objetivo prioritario a la hora de invertir dinero. Antes al contrario: en los últimos años se han perdido miles de puestos de trabajo, con la consiguiente insuficiencia crónica de plantilla que padecemos y el deterioro en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Si a eso añadimos el aumento de la precariedad laboral y la pérdida tanto de derechos como de poder adquisitivo, el panorama ante nuestros ojos no es muy alentador.

Sin querer ser alarmistas, seguir por este camino sólo conduce al abismo. El déficit económico crónico hacia el que parece encaminarse Correos por la falta de financiación del SPU es un problema de difícil solución. La Ley Postal deja las manos libres al gobierno a la hora de asignar la cantidad correspondiente a Correos. Si el año pasado el dinero estipulado se quedó en unos escasos 60 millones de euros, la asignación para este año es una incógnita. De momento, los presupuestos están prorrogados y la supuesta negociación de unos nuevos para este año no parece que van a suponer una mejora en la asignación consignada para financiar el SPU, en una clara muestra de desprecio, por parte del gobierno, hacia el futuro de Correos y de su plantilla. Y con ser grave lo anterior, la reacción de la Dirección de Correos es igual de preocupante: ahorrar en gastos de personal, destruir empleos, desregular las relaciones laborales y precarizar el empleo. Justo todo lo contrario de lo que debieran ser medidas tranquilizadoras para el conjunto de la plantilla. Da la impresión de que ni al gobierno, ni a la SEPI ni a la propia Dirección de Correos les interesa construir un edificio postal con unos cimientos bien sólidos que garanticen la viabilidad pública de la empresa y el futuro de los puestos de trabajo. Así que, si la situación sigue por estos derroteros y continúa deteriorándose, sólo vemos dos alternativas: plegarse y que la deriva nos arrastre hacia no se sabe donde o plantarse y decir basta: en nuestras manos está la decisión. 1 de febrero de 2018. Bajar comunicado