Prosigue la “Legislatura postal en Blanco”
Demora intencionada en la tramitación de la Ley Postal a tan sólo 3 meses de la liberalización
Tras la cobardía política de presentar el Proyecto de Ley Postal con “nocturnidad”, el último día del periodo de sesiones para “invisibilizar” el trámite parlamentario durante el verano, el miércoles 8 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Postal, iniciándose también la tramitación; a partir de ese momento, los Grupos Parlamentarios tendrán un plazo inicial de 15 días (ampliables) para la presentación de enmiendas.
Las fechas, efectivamente, confirman una vez más lo que desde la mayoría sindical venimos denunciando desde hace meses, que la nueva Ley Postal que el Gobierno acaba de introducir en el Congreso empeora, más si cabe, sus contenidos con respecto al Anteproyecto, abre las puertas a una “reconversión postal” en toda regla y a la transferencia de espacio público al ámbito privado, y se está “negociando” por la puerta de atrás, contra el 75% de la representación sindical en Correos, con un calendario de urgencia y contra las cuerdas de la Tercera Directiva (para la que faltan 3 meses) y del debate en paralelo de los Presupuestos Generales del Estado, que con la que está cayendo pintan francamente mal, también para Correos, y que condicionarán sin duda el futuro modelo de financiación del Servicio Postal Universal y unas posibilidades de inversión para Correos que ya en 2010 se han desplomado un 50%, más que cualquier otra empresa del sector público, dentro o fuera de Fomento. Si a esto le sumamos que la Comisión Nacional del Sector Postal debe calcular el coste del SPU en el año que más recortes ha habido (contrataciones, conducciones, inversiones, etc) mala referencia habrá para años venideros.
La tramitación de la Ley se realizará en la Comisión de Fomento, con lo que, descartando realizar el debate en el Pleno del Congreso, el Gobierno ratifica su escasa consideración sobre el futuro de nuestra casa postal y que no por casualidad lo ha venido relegando durante los últimos años a la última fila del debate político. Fomento pretende abordar un debate de “baja intensidad” política, con una geometría parlamentaria que en lo postal es más variable que nunca y que, como sucede en los Presupuestos Generales del Estado, van a rentabilizar grupos políticos minoritarios que, no lo olvidemos, son los que están sacando adelante las reformas y ajustes liberales del Gobierno en todos los sectores, incluido el postal.
El Anteproyecto de Ley Postal tuvo entrada en el Congreso tras la fase de alegaciones, entre las que, de las más de 40 presentadas por la Mayoría Sindical, el Proyecto de Ley finalmente sólo ha recogido tres de ellas, y en la que también han entrado en juego las alegaciones del sector privado, que, ésas sí, han sido recogidas ampliamente y que empeoran más si cabe el Proyecto de Ley, ya que:
Ni 5 ni 15 años, Correos puede dejar de ser operador designado para el SPU por incumplimiento de contrato en cualquier momento.
El tratamiento y el curso de los envíos postales quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley, excluidos de la consideración de “servicios postales” y fuera de la propia definición de “red postal”.
Se reduce el ámbito del Servicio Postal Universal. Aunque se aumenta el peso de los paquetes hasta 20 kilos, se excluye expresamente la publicidad directa (en contra de la Directiva), sin ni siquiera definirla, dejando un gran margen de negocio a los privados y más posibilidades para quedarse fuera de la financiación del SPU.
Posibilita la falta de entrega y recogida diaria en zonas con baja densidad de población.
Se excepciona la recogida diaria en zonas con baja densidad de población (aunque no en las rurales).
Se endurecen las exigencias de contabilidad para el operador público (no para los privados).
Correos pierde la distribución de notificaciones como derecho compensatorio exclusivo.
Se rebajan considerablemente las cuantías de las sanciones a los operadores privados.
Se abre la puerta al acceso a los “censos promocionales”, una de las demandas del sector privado que permitirá acceder a bases de datos personales y direcciones postales para realizar campañas de marketing.
Se abre la posibilidad a que Correos preste el servicio de giro a través de terceros.
Se deberán entregar los envíos con dirección insuficiente (carter@s detectives)
En definitiva, que, más allá de algunos retoques, el Proyecto de Ley enviado en julio a tramitación parlamentaria empeora el Anteproyecto de mayo. El periodo de información pública no ha servido más que para adaptar el Proyecto a las exigencias de los operadores privados y ningunear groseramente a la representación sindical mayoritaria y a todo el colectivo de Correos.
La tramitación parlamentaria no pinta mejor y nos coloca ante la necesidad de una movilización contundente para garantizar nuestro futuro.
Y es que el especial sentido del diálogo social del Ministro y del Gobierno, da para esto y para mucho más. Da gusto ver al Ministro ejerciendo su “talante” con los controladores aéreos que cobran 200.000 € -se ve que es un servicio público trascendente para el país- mientras ningunea al colectivo mileurista de Correos además de imputar penalmente a sus sindicalistas –se ve que la mayor empresa pública, le importa cero-.
Si el Gobierno se ha negado hasta la fecha a reconocer que también en Correos hay problemas, si pese a ello la opción ha sido el no tomar ni una sola medida para Correos, en una “legislatura postal en Blanco” (ni plantear la moratoria de la directiva cuando se daban las condiciones para ello, ni sacar un Plan Estratégico para una empresa pública en pleno proceso de liberalización, ni sostener las inversiones, ni cubrir la financiación del Servicio Postal Universal, ni evitar que se hayan perdido 7.000 empleos en los dos últimos años…y podríamos seguir), si han mirado para otro lado cuando toda la plantilla lleva meses movilizándose, toca llevar las propuestas de un Correo de futuro al Parlamento y apuntalarlas con un proceso de movilizaciones que ha de abarcar, cuando menos, todo el trámite parlamentario, es decir, hasta final de año.
A la espera de que el resto de sindicatos se pronuncie sobre el Proyecto (al menos, ante el colectivo), esperamos que, ahora sí, nuestro análisis sea compartido por el resto de la representación sindical y que sean posibles iniciativas más unitarias que reconduzcan el proyecto en su tramitación final.
15 de septiembre de 2010
Demora intencionada en la tramitación de la Ley Postal a tan sólo 3 meses de la liberalización
Tras la cobardía política de presentar el Proyecto de Ley Postal con “nocturnidad”, el último día del periodo de sesiones para “invisibilizar” el trámite parlamentario durante el verano, el miércoles 8 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Postal, iniciándose también la tramitación; a partir de ese momento, los Grupos Parlamentarios tendrán un plazo inicial de 15 días (ampliables) para la presentación de enmiendas.
Las fechas, efectivamente, confirman una vez más lo que desde la mayoría sindical venimos denunciando desde hace meses, que la nueva Ley Postal que el Gobierno acaba de introducir en el Congreso empeora, más si cabe, sus contenidos con respecto al Anteproyecto, abre las puertas a una “reconversión postal” en toda regla y a la transferencia de espacio público al ámbito privado, y se está “negociando” por la puerta de atrás, contra el 75% de la representación sindical en Correos, con un calendario de urgencia y contra las cuerdas de la Tercera Directiva (para la que faltan 3 meses) y del debate en paralelo de los Presupuestos Generales del Estado, que con la que está cayendo pintan francamente mal, también para Correos, y que condicionarán sin duda el futuro modelo de financiación del Servicio Postal Universal y unas posibilidades de inversión para Correos que ya en 2010 se han desplomado un 50%, más que cualquier otra empresa del sector público, dentro o fuera de Fomento. Si a esto le sumamos que la Comisión Nacional del Sector Postal debe calcular el coste del SPU en el año que más recortes ha habido (contrataciones, conducciones, inversiones, etc) mala referencia habrá para años venideros.
La tramitación de la Ley se realizará en la Comisión de Fomento, con lo que, descartando realizar el debate en el Pleno del Congreso, el Gobierno ratifica su escasa consideración sobre el futuro de nuestra casa postal y que no por casualidad lo ha venido relegando durante los últimos años a la última fila del debate político. Fomento pretende abordar un debate de “baja intensidad” política, con una geometría parlamentaria que en lo postal es más variable que nunca y que, como sucede en los Presupuestos Generales del Estado, van a rentabilizar grupos políticos minoritarios que, no lo olvidemos, son los que están sacando adelante las reformas y ajustes liberales del Gobierno en todos los sectores, incluido el postal.
El Anteproyecto de Ley Postal tuvo entrada en el Congreso tras la fase de alegaciones, entre las que, de las más de 40 presentadas por la Mayoría Sindical, el Proyecto de Ley finalmente sólo ha recogido tres de ellas, y en la que también han entrado en juego las alegaciones del sector privado, que, ésas sí, han sido recogidas ampliamente y que empeoran más si cabe el Proyecto de Ley, ya que:
Ni 5 ni 15 años, Correos puede dejar de ser operador designado para el SPU por incumplimiento de contrato en cualquier momento.
El tratamiento y el curso de los envíos postales quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley, excluidos de la consideración de “servicios postales” y fuera de la propia definición de “red postal”.
Se reduce el ámbito del Servicio Postal Universal. Aunque se aumenta el peso de los paquetes hasta 20 kilos, se excluye expresamente la publicidad directa (en contra de la Directiva), sin ni siquiera definirla, dejando un gran margen de negocio a los privados y más posibilidades para quedarse fuera de la financiación del SPU.
Posibilita la falta de entrega y recogida diaria en zonas con baja densidad de población.
Se excepciona la recogida diaria en zonas con baja densidad de población (aunque no en las rurales).
Se endurecen las exigencias de contabilidad para el operador público (no para los privados).
Correos pierde la distribución de notificaciones como derecho compensatorio exclusivo.
Se rebajan considerablemente las cuantías de las sanciones a los operadores privados.
Se abre la puerta al acceso a los “censos promocionales”, una de las demandas del sector privado que permitirá acceder a bases de datos personales y direcciones postales para realizar campañas de marketing.
Se abre la posibilidad a que Correos preste el servicio de giro a través de terceros.
Se deberán entregar los envíos con dirección insuficiente (carter@s detectives)
En definitiva, que, más allá de algunos retoques, el Proyecto de Ley enviado en julio a tramitación parlamentaria empeora el Anteproyecto de mayo. El periodo de información pública no ha servido más que para adaptar el Proyecto a las exigencias de los operadores privados y ningunear groseramente a la representación sindical mayoritaria y a todo el colectivo de Correos.
La tramitación parlamentaria no pinta mejor y nos coloca ante la necesidad de una movilización contundente para garantizar nuestro futuro.
Y es que el especial sentido del diálogo social del Ministro y del Gobierno, da para esto y para mucho más. Da gusto ver al Ministro ejerciendo su “talante” con los controladores aéreos que cobran 200.000 € -se ve que es un servicio público trascendente para el país- mientras ningunea al colectivo mileurista de Correos además de imputar penalmente a sus sindicalistas –se ve que la mayor empresa pública, le importa cero-.
Si el Gobierno se ha negado hasta la fecha a reconocer que también en Correos hay problemas, si pese a ello la opción ha sido el no tomar ni una sola medida para Correos, en una “legislatura postal en Blanco” (ni plantear la moratoria de la directiva cuando se daban las condiciones para ello, ni sacar un Plan Estratégico para una empresa pública en pleno proceso de liberalización, ni sostener las inversiones, ni cubrir la financiación del Servicio Postal Universal, ni evitar que se hayan perdido 7.000 empleos en los dos últimos años…y podríamos seguir), si han mirado para otro lado cuando toda la plantilla lleva meses movilizándose, toca llevar las propuestas de un Correo de futuro al Parlamento y apuntalarlas con un proceso de movilizaciones que ha de abarcar, cuando menos, todo el trámite parlamentario, es decir, hasta final de año.
A la espera de que el resto de sindicatos se pronuncie sobre el Proyecto (al menos, ante el colectivo), esperamos que, ahora sí, nuestro análisis sea compartido por el resto de la representación sindical y que sean posibles iniciativas más unitarias que reconduzcan el proyecto en su tramitación final.
15 de septiembre de 2010
Nos tenemos que mover para que no se carguen el servicio público
ResponderEliminar