Senado, donde, pese a las afirmaciones de algunos sindicatos que lo daban por cerrado, continúa el
trámite parlamentario y al que le quedaría solamente la ratificación nuevamente en el Congreso,
probablemente a mediados o finales de diciembre. En la fase actual, la mayoría sindical ha vuelto
a presentar enmiendas para seguir intentando salvaguardar los intereses del Servicio Público
Postal. Lo que está resultando evidente es que, en el actual contexto político y económico, se está
convirtiendo en un trámite parlamentario de consecuencias imprevisibles y está poniendo de
manifiesto los apoyos que el Gobierno ha necesitado para remitir la Ley al Senado (que, con
diferentes matices, coinciden con los que le han resultado necesarios para reformas tan antisociales
como la reforma laboral, la de las pensiones o para aprobar los Presupuestos Generales del Estado).
Desde la Mayoría Sindical hemos venido advirtiendo de que la Reforma Postal del Gobierno entraba
“tocada” en el Parlamento por no haberse consensuado ni hablado ni con sindicatos ni con
grupos políticos, pero que podía salir “hundida” por el efecto de una geometría parlamentaria más
variable que nunca. Porque la Ley Postal está sirviendo de moneda de cambio político, con apoyos
parlamentarios “geométricos” que nada tienen que ver con el futuro de Correos y sí con la
aprobación de los PGE más antisociales de la democracia, con el trasvase de competencias
autonómicas y, además, con intereses partidistas y empresariales de por medio.
Sólo así es posible entender el resultado del debate que, el pasado 10 de noviembre, trasladó de la
Comisión de Fomento del Congreso al Senado un proyecto de Ley Postal claramente más negativo
que el que entró en el Parlamento. Y todo ello por las siguientes razones:
Porque las enmiendas aprobadas empeoran notablemente la Ley
Además de confirmar lo que hemos venido denunciando (un Servicio Postal Universal por
debajo de la Directiva, la futura fragmentación en diferentes empresas del SPU por territorios o
servicios, la falta de compromiso de financiación por parte del Estado, el acceso del resto de
operadores a nuestra red o la falta de regulación de condiciones laborales y salariales mínimas en
el sector), el trámite del Congreso ha supuesto:
La cesión de la admisión y entrega de escritos a la Administración y notificaciones
a los operadores privados
La rebaja al resto de operadores de la contribución al fondo de financiación (del 1,5 al
0,5%) y la obligación expresa a Correos para que también pague
Restricciones en la política de precios y en la no exención del IVA para Correos en
la mayoría de la facturación (vía PGE).
Ampliación del acceso a la red (a todos los servicios además de a las
infraestructuras), ponderación del “coste evitado” en las tarifas de acceso,
obligación a Correos de que ponga las mismas condiciones de acceso a la red a
sus filiales y empresas participadas que a cualquier otro operador…
El Proyecto de Ley Postal, en el trámite del Senado
La mayoría sindical presenta
enmiendas para salvaguardar el
Correo Público
Porque el debate y la Ley salieron de la Comisión de Fomento con un precario margen de
consenso: 21 votos a favor, 1 en contra y 16 abstenciones, por cuatro votos y con el apoyo
casi exclusivo de Grupos Políticos que tienen detrás operadores postales privados de referencia
en su ámbito territorial
Y porque si faltaba alguna pieza para encajar el puzzle completo (y algunos apoyos se entenderán
así más claramente) este “varapalo” al futuro del servicio postal público se hace a cambio
de la presencia de las organizaciones sindicales de ámbito autonómico en el Consejo
Superior Postal (enmienda presentada a través del BNG) o a cambio de la incorporación del
PNV en la Comisión Nacional del Sector Postal; es decir, a cambio de mayor cuota de poder
sindical en los órganos institucionales consultivos y de mayor cuota de poder político en el
regulador postal “¿independiente?”.
No cabe duda de que las movilizaciones promovidas por la Mayoría Sindical están consiguiendo
sacar a la luz un debate que el Gobierno pretendía pasar por la puerta de atrás y están consiguiendo
apuntalar una parte (aunque clarísimamente insuficiente) de las propuestas de la Mayoría Sindical:
la designación de Correos como prestador del SPU durante 15 años (aunque, como anunciábamos,
revisable cada cinco años y colgada de la voluntad de lo que hagan los futuros Gobiernos, el primero tras
las Elecciones Generales de 2012), garantías para el servicio en el ámbito rural (aunque la propia ley se
encarga de ponerle excepciones), la incorporación de la entrega como parte del circuito postal o la
eliminación del recargo del 2% adicional del precio a los usuarios (aunque será Correos quien tendrá que
aportar parte de ese 2%).
Pero lo que no puede ocultarse es que la Ley sale del Congreso y entra en el Senado con un precario
equilibrio político, con el completo rechazo de la Mayoría Sindical, con unos contenidos
indudablemente más negativos que el Gobierno (y quienes avalan su reforma) han tenido que ceder a
cambio de apoyos externos al ámbito postal, y que sienta las bases, por primera vez en la historia
postal, para el despiece territorial en diferentes empresas del Correo público.
La movilización iniciada en marzo pasado por la Mayoría Sindical, con los recientes paros parciales
del 18N, está sirviendo para hacer visible el conflicto ante la ciudadanía, para mantener
tensionado al colectivo de trabajadores de Correos, para obstaculizar el total desmantelamiento
del Servicio Público Postal; y debe servir, también, para condicionar lo que queda de trámite
parlamentario y para desbloquear un Convenio y un Acuerdo que la empresa nos debe desde hace
dos años.
En consecuencia, la Mayoría Sindical hemos vuelto a presentar en el Senado las enmiendas que no
fueron aceptadas en el Congreso más otras que eliminen las cuestiones que han empeorado en la
Comisión de Fomento. Dichas enmiendas serán reforzadas con movilizaciones y actos públicos
de la Mayoría Sindical que daremos a conocer en los próximos días.
No podemos terminar sin advertir al resto de sindicatos (aquellos que dicen haber optado por el
“diálogo” y la “responsabilidad”, ya vemos con qué frutos) y al colectivo que, quede como quede
la Ley Postal, hay mucha pelea por delante. Por una parte, en el desarrollo de la propia ley (Plan de
Prestación, contrato regulador, reglamento de servicios postales...) y en las consecuencias que esta
reconversión va a tener para Correos. Por otra, el inadmisible bloqueo de dos años de la Negociación
Colectiva.
Ambos frentes van a requerir que presionemos y nos movilicemos para condicionar un contexto que, lo
miremos por donde lo miremos, pinta mal para el mundo del trabajo, y ante el que no podemos ni vamos
a ser indiferentes.
COMUNICADO PARA TABLONES DE ANUNCIOS
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