EL TRIBUNAL VASCO DE LA COMPETENCIA RECUERDA QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE REPARTO PUEDEN LLEVAR NOTIFICACIONES OFICIALES.

Correos tiene dificultades para conseguir las adjudicaciones de los servicios postales de las instituciones públicas.

Hace unos días nos enterábamos que buena parte de la correspondencia del Gobierno Vasco, incluidas las notificaciones, para el año 2012, era adjudicada a ACROPOST. Lo mismo ha ocurrido con la correspondencia del ayuntamiento de Galdakao, a pesar de que la oferta económica presentada por Correos a la licitación era mejor que la de ACROPOST. El ayuntamiento de Santander hizo lo propio hace ya unos meses, en este caso a favor de UNIPOST. Hacienda ha intervenido la adjudicación a UNIPOST de los servicios postales del ayuntamiento de Sevilla, ya que dicha empresa licitó con un presupuesto inferior al de partida en un 75% y esto, lógicamente, resulta poco creíble. No son anécdotas ni casos aislados, sino la norma general en todo el país. Las empresas privadas de reparto de correspondencia son, cada día que pasa, más agresivas y más ambiciosas en su afán por ganar más y más terreno en el mercado postal.

La guinda a esta situación nos la acaba de poner el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Esta entidad ha emitido un informe con el que analiza “la práctica de las notificaciones administrativas a través de operadores contratados por la Administración Pública distintos a Correos”. Concluye diciendo que la exclusión de las empresas privadas del reparto de notificaciones es contrario a la ley, porque contradice el espíritu de la libre competencia y porque contradice a la propia Ley Postal. Si bien reconoce que Correos ostenta por ley la presunción de veracidad y fehaciencia en las entregas que realice, los operadores postales distintos a Correos que tengan una autorización singular podrán realizarlas haciendo uso de los medios de prueba del derecho privado para justificar la realización del acto de notificación. Como conclusión, el Tribunal ha recomendando a las administraciones públicas del País Vasco que retiren de los pliegos de condiciones, en las licitaciones de los servicios postales, las cláusulas que excluyen de la entrega de notificaciones a los operadores postales distintos a Correos: “La restricción de la competencia en la prestación de dicho servicio postal no encuentra justificación alguna, ni objetiva, ni razonable, ni proporcionada, toda vez que la legislación especial aplicable al efecto permite a las operadoras postales con autorización singular realizar por si mismas dicho servicio o a través de terceros, debiendo hacer uso de los medios de prueba contemplados en el derecho privado para justificar la realización del acto de notificación.”

En su día lo dijimos: la Ley Postal no sirve para defender el servicio público. Permite que las empresas privadas repartan todo tipo de correspondencia, también las notificaciones; les ofrece la red postal a unos precios de chollo para que lleguen a donde no tienen infraestructura; les permite imponer las condiciones de trabajo que más les interese y pueden ofrecer precios más baratos en las licitaciones porque sus costes son inferiores a los de Correos. Todo esto sin hablar de la lacra que supone un Servicio Postal Universal sin garantías de financiación.

Desde una perspectiva ciudadana estamos ante el progresivo desmantelamiento de un servicio público que garantiza (garantizaba) el derecho de todo ciudadano a unos servicios postales de calidad y asequibles. Desde una perspectiva laboral estamos ante una empresa con muchos problemas económicos que, inevitablemente, planteará recortes a las condiciones de trabajo de su personal. Que duda cabe que la crisis nos afecta de lleno, pero la Ley Postal nos da en la línea de flotación haciéndonos más débiles en momentos difíciles.

No queremos ahondar en la división sindical que surgió entorno a la Ley Postal. Todo lo contrario. Consideramos que son tiempos de unidad sindical. Pero los hechos pesan como losas y ponen a cada uno en su sitio: a alguno y a alguna el árbol del sectarismo sindical no le dejó ver el bosque de la Ley Postal.