Hasta la entrada en vigor de esta nueva Ley los procedimientos judiciales en la vía Administrati¬va, al igual que en la de lo Social no suponía la asunción de costas en el caso de que se perdiera. A partir de su entrada la Ley, la parte perdedora, deberá asumir las costas. El texto concreto de la Ley dice:
En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se pro¬movieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Aunque pretendan hacernos creer que el propósito de esta ley es agilizar los procesos judi¬ciales, es evidente que su verdadero fin es el de recortar las garantías judiciales al personal funcionario y estatutario, anulando la defensa judicial efectiva de sus derechos laborales.
Las Administraciones Públicas, ante el más mínimo conflicto planteado por cualquier trabaja¬dor y trabajadora, siempre han optado por judicializar su respuesta vía contencioso adminis¬trativo. Actualmente, estos procesos se han disparado en proporción directa a la conflictividad social en la que nos hallamos merced a la tan socorrida crisis.
Esta modificación va a implicar un frenazo sustancial en la defensa de nuestros derechos, ya que habrá que pensárselo muy mucho antes de entrar en procesos largos y farragosos que nos pueden suponer un desembolso económico importante. Nos quitan derechos y además nos quieren sumisas y sumisos.
Como siempre, jugamos con desventajas, ya que los efectos que esta medida puedan tener sobre la Administración en caso de perder un proceso, de ninguna manera pueden compararse con los efectos que tendrán sobre su personal, por razones obvias. Las Administraciones cuen¬tan con un presupuesto y unos servicios jurídicos en nómina que les van a permitir llegar hasta el final en cualquier proceso por largo y costoso que sea.
La labor de ESK ante este nuevo ataque contra los derechos del personal funcionario y estatutario ha de ser, como siempre, la denuncia pública y la movilización. Tanto desde las secciones sindicales afectadas, como desde el resto de los diferentes espacios de acción del sindicato.
LA ADMINISTRACIÓN NO ES SU CORTIJO
POR LA DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO,
DE SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
¡MOVILICÉMONOS!
No hay comentarios:
Publicar un comentario