PRIVATIZACIÓN DE CORREOS

Federico Ferrer vicepresidente de la SEPI se despachó, hace unos días, con unas declaraciones sorprendentes sobre el futuro de Correos. Ni corto ni perezoso, nos colocó en la parrilla de salida de futuras privatizaciones “empezaremos pronto a trabajar en la privatización de Correos”. Aunque dejó claro que no será en el corto plazo.

Esta afirmación es sustancial porque sitúa a Correos en una perspectiva diferente a la habida hasta ahora. Se suponía/supone que éramos/somos una entidad estatal encargada del patrimonio público en el sector postal y de la prestación del Servicio Postal Universal durante 15 años según la ley postal. En el peor de los casos, deberíamos buscar la rentabilidad en un contexto de liberalización del sector postal. Pero las declaraciones del vicepresidente de SEPI dan un giro de 180º y nos colocan en la perspectiva de la privatización. La empresa tiene que convertirse en rentable, no para dejar de ser un gasto al Estado sino para ser apetecible a los mercados.

Federico Ferrer reconoció dos inconvenientes. El momento y la forma.

El momento. Ahora no es un buen momento para vender nada, tal y como está el mercado. La venta de patrimonio público no recaudaría lo esperado. Según Ferrer “Es preciso esperar a que el mercado se recupere, entonces Correos podría encabezar la lista de empresas estatales en venta.

La forma. Una de las cuestiones que aún no ha despejado la SEPI es como se realizaría la privatización. Al parecer, se están barajando dos posibilidades: la salida a bolsa del grupo o la venta de filiales por separado. Por lo visto, se valora al grupo Correos en unos 2.500 millones y los compradores más interesados serían otros grupos postales internacionales.

Pero más allá del momento, la forma, a quien y por cuanto, la venta de Correos implica otro tipo de problemas:

• Para empezar, Correos es una entidad deficitaria a la que se le han maquillado los resultados. A pesar de que en 2010 dio unos 6 millones de beneficios los resultados de explotación arrojaron pérdidas de 5 millones. Esto dificulta la venta, por lo que un primer paso será el saneamiento de los resultados, es decir se ajustarán los gastos siendo el gasto de personal el más cuantioso (1.600 millones anuales) y el que más recortes sufrirá y ya está sufriendo.

• Correos como entidad que controla una parte muy sustancial del mercado postal, sobre todo la carta, está sometida a las presiones de la competencia en un contexto de liberalización del sector. En este sentido apuntan la ley postal y la Comisión Nacional de la Competencia que, auspiciada por los intereses de las empresas privadas, impone a Correos unas condiciones que debilitan su posición hegemónica. La tendencia es que Correos vaya perdiendo peso en el sector. Esta situación la convierte en una empresa difícil de vender, a no ser que se fragmente y sólo se saquen a la venta las partes más rentables y con mejor proyección de futuro en los mercados. Una noticia de última hora: El 18 de Junio se adjudicó en licitación pública el contrato de servicios postales y paquetería del INEM a UNIPOST por 12 millones de euros. ¿Ni la propia administración apuesta por nosotros?.

• Un tercer problema lo plantea la prestación del Servicio Postal Universal porque no se puede privatizar, aunque el gobierno puede otorgar su prestación a un operador privado. Su prestación (SPU) no es rentable y esto es un obstáculo para que sea asumido por el capital privado. Pero, en palabras de Federico Ferrer, “habría que buscar un equilibrio para que la compensación fuera justa”. La verdad es que la frase tiene miga. ¿Tenemos que entender que la compensación actual por la prestación del SPU no es justa? ¿Eso quiere decir que desde la SEPI se reconoce que la Ley Postal no garantiza la financiación del SPU? Nos lo temíamos. Mientras Correos sea público el Estado colaborará rácanamente en su financiación, pero si pasa a ser privado, entonces no habrá problema, el Estado pagará la compensación justa por el SPU. En la intervención del presidente de Correos Javier Cuesta Nuin en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados recordó que el Estado debe a Correos 318 millones de Euros, pero no tiene ningún instrumento con el que pueda obligar a cancelar la deuda más allá de la voluntad política del gobierno de turno. ¿Sindicatos como UGT, ELA, LAB y CIGA seguirán pensando que la ley postal garantiza la financiación de Correos?. Ojala rectifiquen. Nosotros sí podemos afirmar que los recortes de plantilla en Correos se deben, entre otras razones, al hundimiento del mercado y a la FALTA DE FINANCIACIÓN Y COMPROMISO POR PARTE DEL ESTADO.

• Un cuarto problema se deriva del estatus jurídico de la plantilla. Más de 20.000 empleados/empleadas somos personal funcionario y nuestra regulación no es de carácter contractual sino que funcionarial por lo que no podemos ser empleados del capital privado. ¿Qué futuro nos espera?. Pues, sólo caben dos posibilidades, o cambian nuestro estatus convirtiéndonos en personal laboral o nos sacan de Correos vía otros ministerios, bajas incentivadas o jubilaciones.

Las alarmantes declaraciones de este alto responsable estatal deben ser respondidas por el presidente de Correos bien para confirmarlas o para negarlas. Hace unas semanas cuando asumió el cargo habló de una empresa con futuro y nunca se refirió a la privatización. Y los representantes sociales, los sindicatos, especialmente los más grandes CCOO y UGT, ya deberíamos estar moviéndonos para exigir claridad. Y deberíamos estar construyendo ya la unidad sindical que nos permita luchar por la defensa del correo público y de nuestros puestos de trabajo.